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PRINCIPALES DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS RECOGIDOS EN LA LEY DE SALUD DE GALICIA

 

 

DERECHOS

 

  1. Al máximo respeto posible de la intimidad de la persona, en todos los centros, servicios y establecimientos sometidos a esta ley, en la prestación de actividades sanitarias tales cómo exploraciones, cuidados o actividades de higiene.
  2. A ser acompañado, por lo menos, por una persona que mantenga  vínculos familiares o de hecho con el paciente o por una persona de su confianza.
  3. De toda mujer a que se le facilite el acceso al proceso del parto a aquella persona designada por ella para tal efecto.
  4. A que se solicite consentimiento informado en los términos establecidos en la Ley 3/2001, del 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes y en la Ley 3/2005, del 7 de marzo, de modificación de la anterior.
  5. A la libre elección entre las opciones que el responsable médico de su caso y a rechazar el tratamiento.
  6. A una segunda opinión médica.
  7. A rechazar la participación en procedimientos experimentales cómo alternativa terapéutica para su proceso asistencial.
  8.  A la  confidencialidad sobre su estado de salud, de sus datos referidos a creencias, religión, ideología, vida sexual, origen racial o étnico, malos tratos y otros datos especialmente protegidos.
  9. A recibir, en términos comprensibles, información adecuada, continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, tanto la persona enferma como, si es el caso, sus familiares o personas allegadas, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. A que quede constancia por escrito o en soporte técnico adecuado, de todo su proceso y a que al terminar el episodio asistencial se le entregue el informe de alta hospitalaria, así como el de la interconsulta de atención especializada y/o de urgencias.
  10. A renunciar a recibir información en su proceso asistencial.
  11.  A ser advertidos de que, si los procedimiento de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se les apliquen pueden ser empleados en un proyecto docente o de investigación, será imprescindible el consentimiento previo por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la dirección del centro sanitario.
  12. A disponer en todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios del sistema público de una carta de derechos y deberes y además a que esta sea facilitada cómo marco de relación entre el centro sanitario y sus usuarios.
  13.  A que quede constancia por escrito o en soporte técnico adecuado, de todo su proceso y a que al terminar el episodio asistencial se le entregue el informe de alta hospitalaria, así como el de la interconsulta de atención especializada y/o urgencias.
  14.  A acceder a su historia clínica y a obtener los informes y resultados de las exploraciones que sobre su estado de salud o enfermedad se incluyan en ella, así como una copia de los citados documentos. A que se le realicen los informes o certificaciones acreditativas de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca mediante una disposición legal o reglamentaria.
  15. A emplear los procedimientos y reclamaciones y sugerencias, así como a recibir respuesta por escrito en los plazos establecidos reglamentariamente.
  16.  A que determinadas prestaciones sanitarias financiadas públicamente les sean dispensadas en unos plazos previamente definidos y conocidos. En todo caso, las intervenciones quirúrgicas que se les tengan que realizar a los titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria financiada públicamente se deberán ejecutar en un plazo máximo de 180 días naturales desde la inscripción del enfermo en el registro de la lista de espera.
  17.  A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se estimen necesarios para promover, conservar o restablecer su salud.
  18.  A que se les asigne un médico, cuyo nombre se les dará a conocer,  que será su interlocutor principal con el equipo asistencial.
  19.  A la continuidad asistencial, a la coordinación y  a la integración de las funciones asistenciales de la atención primaria y especializada.
  20.  De las mujeres que sufren o sufrieran violencia e género a la atención sanitaria, incluido el derecho a la asistencia psicológica gratuita y al seguimiento de la evolución de su estado de salud, hasta su total restablecimiento.
  21.  A participar, a través de los órganos de participación comunitaria, en las actividades sanitarias, en los términos establecidos en esta ley y en las disposiciones que se dicten en su desarrollo.
  22. De las personas menores, las mayores dependientes, las enfermas mentales y terminales, las enfermas que padecen enfermedades crónicas y discapacitantes, los pacientes diagnosticados de enfermedades raras o de baja incidencia en la población y las personas pertenecientes a grupos de riesgo, ser objeto de especial atención a actuaciones y/o programas sanitarios específicos y preferentes, que se ejecutarán a través de los centros, servicios y establecimientos del Sistema Público de Salud de Galicia. 

 

 

 

 

DEBERES

 

  1. De cumplir las prescripciones generales de  naturaleza sanitaria comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios.
  2. De mantener el debido respeto al personal que presta sus servicios en el ámbito del sistema público.
  3. De cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones sanitarias.
  4. De usar adecuadamente los recursos, los servicios y las prestaciones ofrecidas polo sistema sanitario.
  5. De mantener la debida observancia de las normas establecidas en cada centro.
  6. De firmar los documentos de alta voluntaria cuando no desee la continuidad del tratamiento que se le dispensa. Sin embargo, el hecho de no aceptar no determinará el alta inmediata cuando existan otros tratamiento alternativos, curativos o paliativos y el o la paciente desee recibirlos. En este último caso, tal situación deberá quedar debidamente documentada después de la información correspondiente.
  7. De cooperar con las autoridades sanitarias en la protección de las salud y en la prevención de las enfermedades.
  8. De facilitar información veraz de los datos de filiación, identificación y del estado de salud que sean necesarios en su proceso asistencial o sean solicitados por razones de interés general debidamente motivadas.
  9. De aceptar el alta cuando terminara su proceso asistencial, cuando se comprobara que la situación clínica del o de la paciente no mejoraría prolongando su estadía o cuando la complejidad del proceso aconseje su traslado a un centro de referencia.
  10. De cumplir las normas y los procedimientos de uso y acceso a los derechos que se le otorguen a través de esta ley.
  11. De comunicarle al sistema sanitario, con la mayor brevedad posible, la no utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente.